No contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores fueron las principales razones por las que tanto personas jurídicas y naturales fueron las principales infracciones fiscalizadas y sancionadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y sancionadas por su incumplimiento en 2023.

Así lo dio a conocer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que el año pasado la DGA resolvió un 40% más de fiscalizaciones que el 2022 y aplicó 756 multas por un total de 8 mil 700 millones de pesos, monto que es un 64% más alto que el de 2022.

La ministra López destacó que “el cuidado y protección de los recursos hídricos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que, desde que asumimos, nos comprometimos con la actividad fiscalizadora y fortalecimos los equipos e invertimos fuertemente en tecnología. Esto hoy tiene resultados: en 2023 logramos aumentar de manera importante los expedientes de fiscalización resueltos y fue el año en el que se aplicaron multas más altas de la historia”.

La secretaria de Estado agregó que “en un país donde cada vez la disponibilidad de agua es menor, donde estamos teniendo una situación hídrica cada vez más estrecha, tenemos que asegurarnos de que los recursos hídricos los gestionamos bien y evitar las infracciones a la ley como la extracción no autorizada, que se llama robo de agua. Desde los territorios se pide una acción cada vez más presente, más efectiva por parte de la Dirección General de Aguas, y es lo que buscamos hacer y avanzar en el futuro, así como hemos dado este salto bien importante durante el año 2023”.

En el balance, la ministra López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.

A nivel regional, Valparaíso lidera la cantidad de fiscalizaciones resueltas (278), seguido por Coquimbo (188) y La Araucanía (173). La Región de Valparaíso también lidera el total de multas cursadas por más de 2.500 millones de pesos.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, informó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, que el equipo regional de la Dirección General de Aguas realizó 53 fiscalizaciones, duplicándose el número de fiscalizaciones resueltas y multas cursadas el año anterior.

La ministra López destacó que “estos resultados que estamos viendo hoy son fruto de un importante esfuerzo que hicimos como gobierno de potenciar en 28% el personal de la unidad de Fiscalización, y a la fuerte inversión en tecnología con implementos como las técnicas de teledetección, comparación de imágenes satelitales, drones de batimetría, drones con tecnología láser y sistemas topográficos de alto rendimiento, entre otros”.

Agregó que si bien la fiscalización se ha fortalecido “queremos seguir avanzando y uno de los nudos críticos es lo complejo y extenso del proceso de fiscalización y sanción. Es por esto que ingresamos al Congreso un proyecto que busca la simplificación del proceso y que ha tenido una muy buena acogida por los parlamentarios, por lo que esperamos que se apruebe prontamente”.

El director general de la DGA, Rodrigo Sanhueza, detalló que “desde el año 2018 existe una reforma al proceso sancionatorio y esto permite mejorar los procedimientos y la efectividad de cómo los funcionarios del área de fiscalización llegan al terreno a atender las materias que son solicitadas a revisar. Y desde el año 2022, con este programa de fortalecimiento del Departamento de Fiscalización, ha permitido lograr una mayor cobertura en el territorio, aumentar en un 40% nuestras fiscalizaciones y los procesos cerrados durante el año recién pasado. Estamos trabajando para seguir mejorando esto, sabemos que hay mucha necesidad y requerimiento de llegar de manera oportuna”.

La jefa de Fiscalización de la DGA, Carmen Herrera, destacó que “desde nuestra perspectiva, el objetivo no es recaudatorio, sino que el objetivo es que el agua esté en los territorios para que se ocupe de la mejor manera y, por supuesto, para asegurar el derecho humano al agua y generar, obviamente, el soporte tanto ecosistémico como de las actividades económicas que corresponden”.