Estamos próximos a dar un importante paso en la descentralización territorial con la elección de gobernadores regionales, un avance lento, pero al menos un avance, puesto que la promesa del fortalecimiento de la democracia y la consideración de los territorios subnacionales efectuada en el año 1992, con la creación de los Gobiernos Regionales, no había visto mayores progresos.

Este adelanto, significa que serán los propios ciudadanos de los territorios, quienes erigirán por sufragio universal al Gobernador Regional, quien será el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, entidad que tiene por misión el ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural de los habitantes. En su lugar, el cargo de Intendente Regional desaparecerá, pero sin embargo, el Poder Central se reservará aún el ejercicio del gobierno interior (seguridad, control de extranjería, supervigilancia de servicios públicos, etc.) a través de una figura designada llamada Delegado Presidencial Regional.

Hay todavía una serie de cuestionamientos sobre la puesta en marcha de este proceso, que como todo cambio, significa adecuar cierta normativa, adaptar conductas y sobre todo, revisar detalles. Dentro de esos detalles, la Comisión del Senado sobre Gobierno, Descentralización y Regionalización, está conociendo un proyecto de ley para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país, de acuerdo al Boletín N° 13.823-06, que se compone de dos artículos, uno para aclarar el traspaso de atribuciones desde el Poder Central hacia los Gobiernos Regionales y el otro para incorporar a la Contraloría como el dirimente entre las contiendas de competencias que pueda suscitarse entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial Regional.

Por este medio, quiero pedirle a los parlamentarios de nuestra zona a interiorizarse de este proyecto de ley, pues es la ocasión de entregar al Gobernador Regional la supervisión de los estatutos preferentes de Zona Franca, Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego y DFL 15,  puesto que dichos beneficios tienen plena consistencia con las funciones de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social, propias del Gobierno Regional, porque en caso contrario se corre el riesgo que dicha tarea la asuma el Delegado Presidencial Regional, con lo cual la pretendida descentralización, al menos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se verá fuertemente limitada, al privar de la orientación de estos instrumentos de fomento al ente subnacional.

Jorge Flies Añón

Habitante de Magallanes y de la Antártica Chilena