Ante la serie de irregularidades y eventuales malversaciones de fondos públicos que quedaron al descubierto con el Caso Convenios y que amenazan la continuidad de los ministros de Vivienda,  Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el senador independiente por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, presentó un proyecto de ley que busca someter a revisión de Contraloría General de la República todos aquellos convenios o traspasos realizados en virtud de Tratos o Contratación directa, terminando así con la discrecionalidad en la entrega de los recursos fundaciones, ONG u otras organizaciones.

Para el senador Bianchi “el Estado chileno, si bien destaca a nivel internacional por sus políticas públicas en materia habitacional y cuenta con uno de los ministerios de Vivienda y Urbanismo mejores evaluados a nivel latinoamericano, este último ha caído en las manos de inescrupulosos, quienes aprovechándose de la resolución N 189 del Ministro Montes que permite realizar transferencias de recursos a los secretarios regionales ministeriales de todo el país por un monto de hasta 316 millones de pesos, vieron un modelo de negocios para acceder a recursos fiscales por medio de estos tratos directos, como lo hemos visto los últimos días con casos como los de Democracia Viva y otros”.

Ante esta situación, el parlamentario explicó que con este proyecto de ley, respaldado por los senadores Pedro Araya, Esteban Velásquez, Fidel Espinoza, Carmen Gloria Aravena y Paulina Vodanovic, “buscamos terminar con las exenciones de revisión absoluta que presentan los tratos o traspasos directos, a fin de mantener vigente su utilización, pero siempre supervigilados por Contraloría. La presente iniciativa no termina con el trato directo, puesto que por su naturaleza sigue siendo una de las principales herramientas con la que cuentan las entidades públicas para sortear imprevistos, pero todos aquellos actos que se subsuman dentro de los tratos directos deberán pasar por una revisión y control por parte del ente fiscalizador”.

El congresista por Magallanes, agregó que “este proyecto es muy necesario porque todos estos elementos que hemos conocidos en los últimos días conducen a la presunción fundada de la existencia de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos contra la probidad pública, tales como asociación ilícita, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles, o tráfico de influencias. Además, este modelo se ha replicado a lo largo del país, encontrando casos de similar o incluso mayor magnitud, en donde se ha sacado ilegítimo provecho de recursos públicos destinados a una de las fibras más sensibles de la ciudadanía como lo es la vivienda. Esto con apenas dos semanas de investigación, por lo que se espera que solo estemos en presencia de la punta del iceberg”.