Se dio a conocer que 242 municipios de Chile, infringieron la normativa que se encuentra vigente desde el 2022, y que impide otorgar licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Los datos fueron revelados luego de una revisión realizada por la Contraloría General de la República, que analizó lo sucedido desde noviembre del 2022 a diciembre del 2024.

Entre la información entregada, se indica que 3 mil 400 personas, que se encontraban en el registro de deudores lograron renovar su documento, lo que infringe la Ley n°21.389, afectado a un total de 4 mil 706 niños y niñas del país, y sumando un total de $17.473 millones en deuda por pensión alimenticia.

PUNTA ARENAS ENTRE LOS SEIS MUNICIPIO EN LA MIRA

Los datos son críticos e indican que el 94% de los municipios de la región Metropolitana no cumplieron con la normativa, mientras que a nivel país, existen seis municipios que entregaron más de 100 licencias a deudores alimenticios, entre esas se encuentra la municipalidad capital de Magallanes, Punta Arenas.

Detalle:

1.- Antofagasta (172 licencias)

2.- La Granja (117)

3.- Los Espejo (115)

4.- La Serena (114)

5.- PUNTA ARENAS (112)

6.- Arica (111)

Cabe mencionar, que Contraloría, indicó que la responsabilidad de entregar la licencia de conducir a deudores de alimentos, recae en el funcionario municipal a cargo del trámite, quien debe verificar si el solicitante figura en el Registro de Deudores. Y que en caso de que el funcionario infrinja la ley le recaerá sanciones que van desde el 10% al 50% de sus remuneraciones.

Otro de los datos que entregó el informe, revela que 65 funcionarios municipales obtuvieron o renovaron su licencia de conducir en la misma comuna donde trabajan, pese a estar inscritos como deudores. Además, se indica que 482 personas registradas en el sistema del Registro de Deudores que han obtenido su licencia, son familiares de empleados municipales de la comuna, lo que podría evidenciar una posible red de favores internos dentro de los municipios.

Finalmente, desde la División de Gobiernos Regionales y Municipales de la Contraloría se anunció que se están evaluando nuevas fiscalizaciones para confirmar las infracciones mencionadas y así poder tomar medidas correctivas ante los hechos denunciados.