A fines de enero se hicieron públicas las conclusiones y recomendaciones efectuadas por una Comisión Tributaria integrada por 16 economistas convocados por el Ministerio de Hacienda y que tenía por objeto revisar la eficacia, equidad y funcionamiento de las exenciones tributarias contempladas en nuestro país.

Una de las recomendaciones efectuadas por la Comisión consiste, debido a su elevado costo fiscal, en la revisión de los regímenes de zona franca. Rodrigo Álvarez, candidato a la Convención Constitucional por Magallanes y ex subsecretario de Hacienda, consideró que “es evidente que las recomendaciones de los expertos en esta materia causan un perjuicio a la región puesto que la eliminación de esta herramienta afectaría la inversión y el empleo. Pese a que cualquier modificación en materia de tributos debe pasar por el Congreso, esta es una prueba clara de que muchas veces las autoridades y expertos olvidan el contexto particular de cada región y las razones que se tuvieron para implementar medidas en tal sentido”.

Álvarez añadió que “es evidente la necesidad de contar con instrumentos de política pública que permitan promover el desarrollo económico de Magallanes. En todo caso, en el contexto de una economía fuertemente golpeada por la pandemia considero que es mejor implementar más incentivos que promuevan la actividad económica. No me parece correcto eliminar instrumentos que fomentan la inversión”.

Sobre cómo podría abordarse este debate en la Convención Constitucional, el candidato Álvarez afirmó que “será importante que no sólo nos preocupemos de la muy necesaria responsabilidad fiscal de nuestro país, sino que también sepamos avanzar en ciertas atribuciones que permitan a las regiones tomar sus propias decisiones en materias tan relevantes como esta. Es muy importante que encontremos un justo equilibrio entre autonomía y responsabilidad”.

Leyes de Excepción

Álvarez también se refirió a la discusión generada en torno a la aplicación de las leyes extremas. En relación con esta materia, advirtió que “la falta de claridad respecto a la autoridad que resolverá las solicitudes de las leyes de excepción es preocupante. La ley N° 21.074, aprobada el 2018, no resuelve si será el delegado presidencial nombrado por el Presidente de la República o el Gobernador Regional electo democráticamente quien se hará cargo de esta materia”.

Agregó que “siendo el año 2021 tremendamente importante para la recuperación de nuestra economía, considero que este vacío legal debe ser resuelto a la brevedad por las autoridades correspondientes. El inmovilismo en esta materia no solo tiene un impacto en empresas afectadas, sino que también impactará negativamente las oportunidades de encontrar empleo de los magallánicos que perdieron sus fuentes de trabajo producto de la pandemia”.

Finalizó señalando que “no tengo ninguna duda que la discusión sobre las atribuciones de nuestras autoridades locales y regionales continuará en la Convención Constitucional. Hoy tenemos en nuestra Constitución tres figuras relevantes: la desconcentración, la descentralización y la delegación. Mientras algunos consideran que debe primar la delegación, que no es otra cosa que un centralismo atenuado en el que continúa primando el principio de jerarquía, otros creemos que será importante avanzar hacia mayores niveles de descentralización en que se otorguen mayores atribuciones para las regiones”. En particular, Álvarez afirmó que: “la gran batalla para Magallanes, en la que deberíamos estar todos unidos, será la discusión respecto a las atribuciones que tendrán nuestras autoridades regionales y locales. Hoy nuestro artículo 3° establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad en la ley. Este artículo, junto al Capítulo XIV de la Constitución, son claves para el futuro de nuestra región”.